
Una comitiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizó el pasado 25 de junio una visita técnica a Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, con el objetivo de evaluar las afectaciones provocadas por las obras de enrocamiento realizadas por una empresa desarrolladora en la zona.
Según la tarjeta informativa fechada el 08 de julio de 2026, en el recorrido participaron equipos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la Dirección General de Restauración Ambiental, la Unidad Coordinadora de Representaciones, Concertación y Gestión Territorial (URCORGT) y personal de la Profepa, en seguimiento a las acciones jurídicas coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la jornada, los habitantes de la comunidad explicaron a los funcionarios que la franja de playa presenta una mezcla de piedra y río que imposibilita el libre tránsito, obstruye las labores de los pescadores y pone en riesgo las zonas históricas de anidación de la tortuga laúd. La Oficina de Representación Estatal (ORE) informó que se mantiene en curso un procedimiento administrativo iniciado en febrero de 2025, que contempla como posibles resoluciones la clausura o la restitución del sitio a su estado original.
Sin embargo, tras la valoración técnica y el intercambio de opiniones con la comunidad, las autoridades concluyeron que el retiro total del enrocamiento "podría no ser la solución más viable", y en su lugar analizaron una alternativa que plantea mantener la estructura existente, condicionada a un programa de restauración ambiental, recuperación de vegetación nativa y garantía de acceso público a la playa.
Ante esta postura, el Comité de la Batalla por la Playa Las Cocinas emitió una serie de comunicados dirigidos a los medios de Nayarit y de todo México, en los que advierte que las tarjetas informativas "no sustituyen la ley ni la verdad" y que carecen de efectos jurídicos por sí mismas. El colectivo señaló que el documento de Semarnat confirma un patrón de "simulación, dilación y mensajes ambiguos" observado desde el inicio del conflicto, mientras el daño ambiental permanece y la comunidad sigue esperando una resolución apegada a derecho.
El comité también cuestionó el uso del término "diálogo con la comunidad" por parte de las autoridades, al señalar que las mesas sostenidas al inicio del conflicto se dieron de buena fe, pero que mientras se dialogaba, el enrocamiento se terminó de construir. Precisaron además que empresas u organizaciones vinculadas al desarrollo turístico, como Cantiles de Mita o DINE, no representan a la comunidad, la cual está integrada por familias de Punta de Mita, pescadores, surfistas y habitantes que han defendido la playa desde el primer día.
Finalmente, la organización reiteró que la protección del medio ambiente y el libre acceso a las playas "no son concesiones, son derechos de todas y todos los mexicanos", y llamó a los medios de comunicación a no limitarse a reproducir boletines oficiales, sino a investigar, solicitar acceso a expedientes y contrastar la información con la realidad jurídica del caso. El comité adelantó que la ruta legal continúa, incluyendo una demanda de nulidad, y que su campaña de exigencia de transparencia y justicia ambiental no cesará.
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