La controversia por Playa El Atracadero, en San Pancho, abrió un nuevo frente por el libre acceso a la costa y volvió a colocar en el centro del debate a la administración de Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas. Otro caso similar al de Playa Cocinas, en Punta de Mita, donde, por ahora, los empresarios que presuntamente bloquearon la playa ya construyeron una escollera a la orilla del mar, dando por terminado obras en zona federal maritimo terrestre (ZOFEMAT).
Vecinos, pescadores y defensores del acceso público a las playas han advertido por años que la franja costera de Bahía de Banderas enfrenta presión inmobiliaria constante, especialmente en comunidades como San Pancho, Sayulita y Punta de Mita. En ese contexto, cada nuevo permiso, licencia o autorización municipal se vuelve un punto de tensión, sobre todo cuando hay indicios de que una obra puede invadir o afectar la zona federal marítimo-terrestre.
La preocupación se agudiza porque en meses recientes el propio Héctor Santana ha tenido que salir a explicar públicamente que las licencias municipales se han otorgado sobre predios privados y no sobre zona federal, al tiempo que ha pedido revisar la legalidad de diversas obras en la costa. Sin embargo, para los críticos, ese discurso no resuelve el fondo del problema: si desde el municipio se siguen entregando permisos a proyectos con antecedentes de conflicto, la autoridad local termina facilitando construcciones que luego requieren intervención de instancias federales.
En el caso de San Pancho, la historia reciente respalda el reclamo ciudadano. En 2022 y 2025, la Profepa clausuró obras en la playa y detectó irregularidades en el uso de la zona federal, lo que confirmó que sí existían desarrollos con problemas de legalidad ambiental y de ocupación costera. Además, pescadores de la comunidad denunciaron bloqueos en caminos de acceso a la playa y afectaciones directas a su actividad económica, lo que mostró que el conflicto no era solo urbanístico, sino también social.
La discusión sobre Playa El Atracadero se inserta en ese mismo patrón: vecinos temen que se repita una lógica de ocupación gradual del litoral, primero con obras menores, luego con restricciones al paso y finalmente con hechos consumados difíciles de revertir. En una zona donde el acceso libre a las playas es un derecho público, cualquier autorización que termine favoreciendo el cierre indirecto del paso debe revisarse con especial rigor.
En ese sentido, la responsabilidad política del alcalde no se limita a deslindarse de competencias federales. Como autoridad municipal, Héctor Santana tiene la obligación de revisar con lupa los usos de suelo, las licencias de construcción y la congruencia de los permisos emitidos, sobre todo cuando existen antecedentes de clausuras y denuncias por afectaciones a la costa. Si el municipio autoriza obras sin blindar jurídicamente el acceso y sin coordinarse con Semarnat y Profepa, se expone a repetir los mismos conflictos que hoy indignan a pobladores y visitantes.
El caso también tiene lectura local para Nayarit, porque lo que ocurra en San Pancho puede marcar precedente en otras playas del municipio y del estado. En un momento en que la discusión pública gira en torno a playas libres, protección ambiental y ordenamiento territorial, la exigencia ciudadana apunta a una sola dirección: que no haya más permisos dudosos ni tolerancia institucional a obras que, presuntamente, avanzan sobre lo que debe seguir siendo de todos.
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