Reforma de Sheinbaum deja fuera a Jasmin Bugarín de la coordinación en Nayarit por su nacionalidad estadounidense

La iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer el requisito de nacionalidad única en determinados cargos ejecutivos coloca en una situación de incertidumbre a Jasmín Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y una de las aspirantes a encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit.

La designación de quien encabece esa coordinación sería un paso político previo a la definición de la candidatura de Morena y sus aliados para la gubernatura de Nayarit. Por ello, aunque la reforma no regula directamente la coordinación ni necesariamente impediría desde ahora una eventual candidatura, sí podría convertirse en un factor político para decidir quién ocupa esa posición.

Una copia certificada del acta de nacimiento consultada por este medio y validada mediante el mecanismo oficial correspondiente registra a Bugarín como nacida en Estados Unidos. Para proteger sus datos personales, este medio no reproduce el documento completo ni publica información ajena al lugar de nacimiento, como CURP, folio, código QR, identificador electrónico, nombres de sus padres u otros datos de registro.

El dato es relevante por la iniciativa presidencial que propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan ni adquieran otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda ciudadanía, tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, en los términos que establezca la legislación correspondiente.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 26 votos a favor y cinco en contra. El proyecto aún debe ser discutido y votado por el pleno de San Lázaro; posteriormente tendría que ser analizado por el Senado y, al tratarse de una reforma constitucional, seguir el procedimiento correspondiente ante los congresos estatales. A pesar de todos estos procesos, la reforma es un hecho, ya que es presentada por el oficialismo.

El dictamen contempla que las nuevas reglas sean aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028 y que no afecten a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos señalados cuando la reforma entre en vigor. Sin embargo, la redacción final, los transitorios y el alcance temporal de la reforma todavía pueden modificarse durante el proceso legislativo.

Aunque el dictamen plantea que las nuevas disposiciones sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028, el debate político ya alcanzó la definición de las candidaturas y coordinaciones rumbo a 2027.

La discusión, por tanto, no se limita a la fecha de entrada en vigor de la reforma. También plantea una cuestión política para Morena y sus aliados: si el movimiento sostiene que quienes aspiren a gobernar deben tener una lealtad nacional sin vínculos jurídicos con otro Estado, tendría que explicar si aplicará desde la selección interna un estándar de nacionalidad única para elegir a quien coordine su estructura rumbo a la gubernatura.

En otras palabras, aunque la ley todavía no impida formalmente esa designación, la propia lógica política de la reforma podría llevar a Morena a valorar si Bugarín debe encabezar la coordinación estatal. El eventual problema para la senadora surgiría primero en esa definición interna y no directamente en la elección constitucional para la gubernatura.

De concretarse su designación como coordinadora estatal, el partido tendría que enfrentar riesgos a la soberanía nacional y una posible contradicción: promover en el Congreso que una persona con doble nacionalidad no gobierne un estado, pero permitir que alguien en esa condición encabece, desde el proceso previo, la estructura política que busca llevarla a la gubernatura.

El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, reconoció que la bancada todavía no tiene una postura unánime sobre la iniciativa. Señaló que la mayoría de sus integrantes estaría dispuesta a respaldarla, pero también admitió que existen legisladores con doble nacionalidad que tienen inquietudes o no coinciden con el proyecto.

El propio Velasco ha dicho que el tema continúa en diálogo interno y que el alcance final de la reforma será determinante para definir la posición del grupo parlamentario. La discusión resulta políticamente relevante porque el PVEM tendría un papel importante en la construcción de la mayoría necesaria para que la propuesta avance en el Senado.

En ese contexto, el caso de Bugarín adquiere una dimensión particular: la reforma impulsada por la presidenta podría afectar la evaluación política de una aspirante vinculada con uno de los partidos aliados de Morena y, al mismo tiempo, generar reservas dentro de una bancada en la que existen legisladores con doble nacionalidad.

El desenlace dependerá de la ruta legislativa, de la versión final de la reforma y de la decisión política de Morena y sus aliados.

• Bugarín es designada coordinadora: el partido podría sostener que la reforma todavía no está vigente para 2027, pero tendría que explicar por qué aplica un criterio distinto al que defiende en el Congreso.
• Bugarín queda fuera de la coordinación: Morena y sus aliados podrían optar por evitar el costo político de designar a una persona que conserve una nacionalidad extranjera, aun cuando la prohibición constitucional todavía no sea aplicable.
• La reforma se modifica o no avanza: el Congreso podría cambiar los requisitos, ampliar o retrasar su aplicación, o rechazar el proyecto, lo que reduciría o eliminaría el impacto sobre la definición política en Nayarit.

Hasta ahora, Bugarín no ha fijado públicamente una postura detallada sobre la iniciativa ni ha explicado si conserva la ciudadanía estadounidense, si ha iniciado algún procedimiento de renuncia o cómo respondería ante una eventual aprobación de la reforma. Su equipo y el PVEM tampoco han precisado si el tema forma parte de las negociaciones internas para definir la coordinación estatal y la candidatura oficialista en Nayarit.